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Domingo 9 de mayo de 2010

¿Cómo nos matamos?

El año pasado, 29.433 personas murieron en Colombia en forma violenta, de acuerdo con el más reciente análisis del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Según el informe 'Forensis', sobre las lesiones fatales y no fatales que se producen en el país y sus causas, en el 2009 se presentó un aumento cercano al 10 por ciento del número de muertes violentas, con respecto al 2008.

Dos fenómenos inciden mayoritariamente en este preocupante crecimiento: con 17.717 casos, los homicidios registraron un incremento del 16,2 por ciento, y las muertes violentas por motivos indeterminados subieron 19,4. Asimismo, los 1.845 suicidios aportan su parte, lamentablemente, a la estadística. Estos guarismos llevan a constatar que el descenso sostenido que el homicidio venía registrando desde el 2002 en el país se quebró el año pasado con un sustancial incremento, principalmente en ciudades capitales, como Medellín, Cali y Bogotá, y en centros urbanos más pequeños, como Itagüí, Tumaco y Caucasia.

Datos que contrastan con el anuncio optimista hecho a fines del año pasado por el director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien pronosticó que el 2009 registraría la tasa de homicidios más baja de los últimos 23 años. Aunque el general cuestionó los datos de Medicina Legal, vale decir que es difícil controvertirlos, toda vez que son el resultado de autopsias reales.

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En Colombia, según 'Forensis', la gente se mata fundamentalmente en riñas, por venganzas, en atracos callejeros, por causas sociopolíticas y, de manera creciente, por problemas intrafamiliares. Si bien el de las muertes es un dato dramático, hay que destacar otras cifras del reporte, tanto o más preocupantes. Bajo la categoría de 'lesiones no fatales' aparecen agrupados 303.471 reconocimientos practicados en hechos de violencia interpersonal e intrafamiliar, abusos sexuales y accidentes. El año pasado hubo 11.315 más que en el 2008. Las acciones intencionales desbordaron a las accidentales. En otras palabras, en el 84 por ciento de los casos medió la decisión de hacer daño físico a otra persona.

El diagnóstico ofrecido por Medicina Legal no pasaría de ser un simple rosario de estadísticas si estas se miran de manera aislada y sin proyectar sus consecuencias sobre la sociedad colombiana. Vale decir, por ejemplo, que solo debido a los homicidios y los suicidios el país pierde 747.991 años de vida saludable (un indicador básico en la salud pública de cualquier país), debido a que la mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 18 y los 39 años. Las lesiones intencionales, más de la mitad generadas por violencia intrafamiliar, le costaron en el 2009 a Colombia otros 330.795 años.

La situación es tan compleja y multicausal, que a estas alturas no es claro cómo contener este desangre, pese a que el país destina altísimos presupuestos a la seguridad y a la protección ciudadana. De hecho, ni las duras normas ni las campañas existentes para proteger a la infancia han logrado reducir los delitos sexuales contra los menores de edad. Solo el año pasado, Medicina Legal practicó 21.612 análisis sexológicos para establecer presuntos abusos sexuales, el 85 por ciento de ellos contra niños (ocho de cada diez de estas víctimas son mujeres). Lamentable que el país registre tanta pérdida humana por causas prevenibles como los accidentes de tránsito, que en el mismo 2009 dejaron 5.697 víctimas fatales y 39.167 lesionados, de los cuales muchos quedaron con incapacidades permanentes. Esa es la razón por la cual el mismo Fondo de Prevención Vial pidió que el tema se incluya en todas las agendas públicas, con el propósito de fortalecer las políticas y acciones dirigidas a evitar tales accidentes.

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Este informe confirma en la práctica que las recientes evaluaciones negativas sobre percepción de seguridad y violencia urbana no están equivocadas y que es hora de tomarlas como lo que son: el diagnóstico de un mal que aqueja a nuestras ciudades y que urge ser intervenido. Es más, el último estudio de carga de la enfermedad hecho por el Ministerio de la Protección Social ubicó a la violencia, desde el 2005, como uno de los principales problemas de salud pública, que ameritaba intervención intersectorial inmediata. Aunque no se trata de desconocer los avances logrados en materia de seguridad, es importante reconocer la necesidad de darles una mirada más integral a los móviles de otras manifestaciones de violencia, que se mantienen ocultas.

Entre ellas se cuentan la descomposición familiar, la falta de políticas concretas que le ofrezcan visión de futuro a la juventud e, incluso, la atención real de los crecientes problemas de salud mental (de los que hacen parte la adicción a las drogas y al alcohol, generadores de actos violentos), el desempleo y la ineficacia de la justicia que, en no pocos casos, lleva a la gente a resolver por su cuenta y por medios violentos los conflictos. La reducción de la violencia, hay que decirlo, no es una tarea exclusiva de los gobiernos. Atañe y compromete a toda la población. Antes que blanco de cuestionamientos, los datos de 'Forensis' deben ser objeto de análisis, de insumo de política pública, y una herramienta a disposición de cada ciudadano dispuesto a aportar soluciones a esta prioridad de la agenda nacional.

editorial@eltiempo.com.co
Comentarios.
La reducción de la violencia, hay que decirlo, no es una tarea exclusiva de los gobiernos. Atañe y compromete a toda la población.

Compromete a toda la población pero sobre todas las cosas compromete a los medios de comunicación...

¿Verdad que si señor periódico Don Juan?

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